Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

El 24 de junio de 2020, Caracol Radio reveló que siete militares del Batallón San Mateo de Pereira habían violado a una indígena de doce años de edad en el corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico (Risaralda). En las horas siguientes, respaldados por la mesa de trabajo en Bogotá, Daniel Ortiz y Gustavo Ossa, corresponsales de esa cadena radial en Pereira, ampliaron y contrastaron la información desde distintos ángulos. Lo hicieron sin revictimizar ni caer en excesos, mientras hacían seguimiento a las reacciones de movimientos ciudadanos, a la situación de la niña y su familia y a la labor de las entidades encargadas de investigar y proteger sus derechos. Los periodistas contribuyeron con su labor a que este atroz delito no cayera en el silencio y la impunidad.

Cuando unos policías causaron la muerte de Javier Ordóñez, en una acción violenta condenada tanto por ciudadanos como por autoridades, se desató en varios lugares de Bogotá una ola de protestas que se convirtieron en enfrentamientos violentos. Pronto, el equipo de noticias del canal City TV se multiplicó para transmitir oportunamente durante más de 48 horas consecutivas. Sus integrantes desplegaron un ejercicio periodístico rápido y preciso y reportaron las primicias, en tiempo real, desde lugares a los que muy pocos llegaron. En una reportería al mejor estilo, transmitieron los hechos en forma contundente, con una visión imparcial que no se sometió a las presiones ni a los temores naturales en esas circunstancias. El jurado decidió premiar ese ejemplo de entrega oportuna, profesional y veraz de noticias en el mismo momento en que sucedían.

Con el crecimiento de las disidencias de las FARC en los últimos años, también ha aumentado el reclutamiento forzado de menores de edad. Con la ayuda de la ONG Dejusticia, la periodista Diana Salinas desclasificó dos informes de inteligencia y probó que el Ministerio de Defensa sabía que varios niños se encontraban entre un grupo de las disidencias al que las Fuerzas Armadas iban a bombardear. Aún así ese organismo y el presidente Iván Duque dieron luz verde a la Operación Atai, en la que murieron por lo menos ocho menores de edad. Su reportaje, que incluía un análisis jurídico del bombardeo, fue oportuno, dramático y angustioso. Reveló el grave dilema de unas Fuerzas Armadas que operan bajo la presión de desarticular los nuevos grupos criminales mientras, al mismo tiempo, deben proteger los derechos de los niños.